Comentario

Los primeros esfuerzos para dar un empujón a la oposición izquierdista entre 1939 y 1940 habían sido relativamente débiles y fácilmente reducidos. Los partidos republicanos más moderados en el exilio habían estado prácticamente inactivos durante varios años, pero recuperaron el entusiasmo con el cambio de situación que produjo el final de la Segunda Guerra Mundial. Se formó -en el extranjero- una nueva coalición de todas las fuerzas republicanas liberales y de izquierdas, menos los comunistas. Estos mientras tanto -el Partido Comunista Español- formaron su propio frente político armado en Francia y los anarquistas organizaron una agrupación diferente para pasar a la acción inmediata. Ambos estaban preparados para el combate de guerrillas con el fin de liberar España y ambos podían contar con un número bastante grande de veteranos emigrados a Francia, que habían combatido con la Francia libre tanto en unidades regulares como en el maquis.
Los primeros pequeños grupos de comunistas empezaron a pasar la frontera en junio de 1944, dando la voz de alarma a las autoridades españolas, que enseguida movilizaron a tropas y refuerzos policiales hacia el norte. Unidades más numerosas pasaron por los Pirineos hasta Navarra y el este de Guipúzcoa en octubre, pero encontraron poco apoyo de la población rural y se les expulsó sin gran esfuerzo. Algunos altos mandos del Ejército español se negaban a reconocer a los voluntarios comunistas como soldados regulares y no siempre tomaban prisioneros. El mayor esfuerzo que hicieron las unidades comunistas -las estimaciones varían, pero posiblemente un total de 4.000 hombres- fue atravesar el Valle de Arán hasta la provincia de Lérida. Una vez más los liberadores encontraron poco apoyo en un distrito rural que era, en parte, de derechas. Además, tras asesinar a varios curas de los pueblos, se les identificó con las atrocidades de la Guerra Civil. Las fuerzas de la policía y del Ejército no tardaron en tomar cartas en el asunto y la mayoría huyó a Francia, pero algunos llegaron hasta el interior, donde reclutaron a nuevos voluntarios.

Los anarquistas formaron sus propias bandas de guerrilleros asociadas a la desconocida Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española (AFARE), relacionada con el Gobierno republicano en el exilio. Estos operaron en la montaña y a veces en la meseta o en zonas urbanas, durante los seis años siguientes, hasta que fueron abandonando sus actividades lentamente hasta principios de 1952. El 25 de febrero de 1945 una escuadra urbana atacó una sede falangista en la zona de Cuatro Caminos en Madrid. Fue la primera acción que se llevaba a cabo en la capital desde que los comunistas colocaron una bomba en la oficina del Vicesecretario de Educación Popular dos años antes. Se dijo que a los sospechosos que podían haber sido detenidos se les disparó casi en el acto.

En abril de 1945 el Ministerio de Justicia anunció a la embajada británica y a la americana que iba a poner fin a los castigos por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y que el Tribunal de Responsabilidades Políticas se iba a disolver ese mismo mes, pero esta nueva actividad por parte de la oposición hizo que se reanudara también la represión. La seguridad se había reforzado mucho durante la Segunda Guerra Mundial al promulgar nuevas leyes el 29 de marzo de 1941 y el 2 de marzo de 1943 para el procesamiento de rebeldes políticos en tribunales militares. Cualquier actividad política organizada se consideraba una rebelión militar; la letra pequeña de estas leyes llevaba cualquier acto de desafío ante un proceso sumarísimo. Esto se moderó ligeramente y se hizo más preciso bajo el Código Penal promulgado el 23 de diciembre de 1944, pero siguió habiendo tribunales militares para juzgar las actividades de la oposición.

Algunos prisioneros aseguraron que sus carceleros empezaron a demostrar mayor consideración por temor a un cambio político drástico, pero al mismo tiempo el miedo que sentía el Régimen produjo un aumento considerable del número de ejecuciones durante el verano y otoño de 1944. Según los rumores, se ejecutaron 200 prisioneros políticos o más entre agosto y septiembre. El Director de Prisiones admitió ante un diplomático británico que se habían ejecutado a 70 personas durante el mes de septiembre. Por recomendación del nuncio, todos los obispos españoles firmaron una petición de clemencia y se la enviaron al Ministro de Justicia, Aunós, pero tuvo escaso efecto inmediato. Esta oleada de nuevas ejecuciones no disminuyó hasta abril de 1945, cuando ya estaba claro que el Régimen no tendría que enfrentarse con ninguna oposición de gran importancia.

Muchos seguidores indecisos, que habían olvidado sus camisas azules cuando empezaron a vislumbrar un cambio de régimen, ahora se acercaron a Franco de nuevo pensando que este aumento de la actividad de la izquierda significaba que la alternativa era el regreso de los rojos. Franco, a su vez, utilizó a falangistas adoctrinados para dar mayor solidez a la oficialidad que le daba apoyo, y sacó de la reserva a numerosos oficiales del SEU y de las Milicias Universitarias entre 1944 y 1945. Los falangistas radicales contribuyeron directamente al clima de violencia que se respiraba con sus ataques a conocidos izquierdistas, a menudo con resultados fatales.

Esta campaña de la guerrilla tuvo su compensación para Franco. Una vez más, casi toda la jerarquía militar cerró filas en torno a él. Muñoz Grandes era el nuevo Capitán General de Madrid, que mostraba una renovada lealtad personal hacia Franco, tenía enorme prestigio entre sus colegas, y ahora no le quedaba otra opción que apoyar el Régimen hasta el final, por amargo que éste fuera.

La oposición monárquica lanzó su propia campaña el 19 de marzo de 1945, con el Manifiesto de Lausana que redactó don Juan desde Suiza. En él definía el sistema que el pretendiente al trono apoyaría a partir de ese momento -y durante casi todo el tiempo-: una monarquía constitucional. Esta sería la alternativa moderada, no izquierdista, pero potencialmente democrática tanto a la dictadura como a una nueva república radical. El manifiesto declaraba que el Régimen de Franco inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las Potencias del Eje, había fallado y no tenía esperanzas de sobrevivir. Como presunto heredero, el Conde de Barcelona ofrecía la monarquía tradicional como alternativa, y prometía que sus prioridades serían: la aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana, y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política; una justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales... Esta doctrina, totalmente suprimida por la dictadura, implicaba un cambio drástico cuya instauración no se llevaría a cabo hasta 30 años después y no sería el autor de la misma quien lo hiciera, sino su hijo.

A la vista de la situación internacional al final de la guerra, don Juan estaba convencido de la lógica aplastante que tenía su postura, pero no podía contar con una oposición monárquica organizada y unida dentro de España. Durante los seis años de poder absoluto, el Régimen había creado una red muy firme de intereses mutuos -la oposición lo llamaba complicidad- con casi todos los elementos de la elite de la sociedad española e incluso con un grupo considerable de las clases medias, que había logrado, en gran medida, mantener sus intereses y su modo de vida bajo el nuevo sistema. El pretendiente dio orden a todos los monárquicos de renombre que había en el servicio diplomático que renunciaran a sus puestos en las embajadas, pero ninguno obedeció más que el duque de Alba, embajador de Franco en Londres, y el Caudillo pudo convencerle de que permaneciera en su puesto durante otros seis meses. El Ejército apoyó firmemente a Franco y apenas hubo disensiones por parte de los monárquicos civiles. Antonio Goicoechea, un líder monárquico bajo la República y Gobernador del Banco de España con Franco, hizo un ataque público a don Juan. Esto tranquilizó a Franco, que presidió el Desfile de la Victoria el 1 de abril, como todos los años, y eligió la ocasión para anunciar la nacionalización del teléfono gracias a un acuerdo con la Compañía Internacional de Teléfonos y Telégrafos. Mayor tranquilidad tendría el Gobierno cuando el Conde de Barcelona anunció en septiembre que no incitaría a nadie a la rebelión.